Mayo Chilote: No quieren culpables

El año 2016 las empresas salmoneras, agrupadas en SalmonChile, vertieron cerca de 10 mil toneladas de salmones muertos en las costas chilotas. Este hecho desencadenó una serie de problemáticas ambientales que condujeron a grandes manifestaciones y descontento social en lo que se conoció como “Mayo Chilote”. Las acciones de los salmoneros fue autorizada por Osvaldo Schwarzenberg, vicealmirante y exdirector de Directemar, quien podría convertirse en el primer formalizado por esta causa. Sin embargo, la Fiscalía Anti Corrupción solicitó formalmente el cierre de la causa al Juzgado de Garantía de Valparaíso. El Ministerio Público desestimó esta jugada.

La abogada querellante del caso “Mayo Chilote” valoró la decisión del Juzgado de Garantía de Valparaíso. La jurista querellante Orieta Llauca dijo que bajo esta condición, se espera la realización de nuevas diligencias que apunten a formalizar al exdirector de la empresa e incluso a la actual subsecretaria de Pesca, para que así se acuse, se lleve a juicio y apliquen sanciones en relación al “Mayo Chilote”.

“El primer formalizado tendría que ser el Directemar de la época, el director Osvaldo Schwarzenberg, nosotros estamos buscando que también sean los gerentes de las salmoneras, además de doña Alicia Gallardo. De los antecedente que existen en la carpeta uno pueda concluir que doña Alicia tuvo participación”, afirmó.

MAYO CHILOTE
El 3 de marzo la industria salmonera, mediante la asociación gremial SalmonChile, solicitó a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) autorización para verter al mar miles de toneladas de salmón muerto en descomposición, debido a que la capacidad de las plantas de reducción y vertederos en tierra estaba colapsada. La autoridad marítima, con el visto bueno de Sernapesca, aceptó la solicitud al día siguiente y otorgó una autorización para verter hasta nueve mil toneladas en un punto localizado a 75 mn (139 km) al oeste de la costa de Chiloé, a la misma latitud que el faro Punta Corona, zona designada según la autoridad por ser segura para el medio ambiente y actividades humanas.​ El vertimiento se realizó durante las siguientes semanas, entre el 11 y de 25 de marzo, y la cantidad total de desechos arrojados al mar llegó a las 4655 toneladas.

El mismo día 3 de marzo la Seremi de Salud de Los Lagos decretó la prohibición de extracción de mariscos en el sur de Chiloé, desde isla Tranqui hasta el paralelo 43, debido a la expansión de la floración algal nociva de Alexandrium catenella hasta la Región de Los Lagos. Quince días después, la zona de exclusión se extendió hasta la isla Lemuy. El 7 de abril cuando la autoridad sanitaria decretó, de manera inédita, el cierre de la bahía de Cucao, en el mar exterior de Chiloé, tras la detección de la toxina de veneno paralizante en machas del sector.

En los días posteriores la floración de A. catenella siguió avanzando hacia el norte: el 19 de abril fue detectada por vez primera en isla Abtao, comuna de Calbuco, y al día siguiente se confirmó el primer intoxicado por VPM: un habitante de Maullín que había consumido almejas contaminadas compradas en Carelmapu,​ por lo que ese mismo día, por primera vez en la historia de la región, se cerró toda la costa del Pacífico hasta el límite con la Región de Los Ríos —afectando a las comunas de Maullín, Los Muermos, Fresia, Purranque, Río Negro y San Juan de la Costa— y el canal de Chacao hasta isla Abtao y ensenada Codihué, perjudicando a las comunas de Ancud y Calbuco.​ De esta manera, millones de peces murieron y miles de pescadores quedaron sin la posibilidad de trabajar.

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