Putaendo resiste el acoso de Los Andes Copper: En plena sequía aprueban 350 perforaciones en el Río Rocin


El pasado lunes 20 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, aprobó proyecto “Sondajes mineros de prefactibilidad Las Tejas”, presentado por la compañía Minera Vizcachitas Holding (CMVH) perteneciente a la firma canadiense Los Andes Copper, que considera 350 nuevas perforaciones o sondajes en el Río Rocin, en la comuna de Putaendo. 

Esta empresa ha tenido serios problemas con la justicia y es conocida porque el 2017 fue encontrada desviando agua y generando trabajos de perforación en el lecho del mismo río.

Pese a todo, 3 años más tarde, el SEA de Valparaíso y el Intendente Guevara le dieron luz verde. El proyecto se ubica a 1950 mt/snm de altitud; a 30 kilómetros de la ciudad de Putaendo, rodeado de glaciares e importantes humedales con gran biodiversidad. Además, en plena sequía, amenaza con dejar sin agua a los pobladores.


Un proyecto de delincuentes

En 2007 Los Andes Copper ingresó como inversionista mayoritario al proyecto. En 2008, había sometido su proyecto de sondajes al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Hasta el año 2015, ya se habían realizado 146 sondajes ilegales. En el transcurso de 2016 el laboratorio Hidrolab realizó un monitoreo de aguas superficiales del Río Rocín, cerca de donde se desarrollaba la intervención de Andes Copper. Este estudio reveló concentraciones fuera de la norma de: aluminio, cobre, manganeso y fierro, entre otros metales pesados y apuntó como responsable a la actividad minera e incluso mencionó la aparición de una espuma en el espejo del Embalse Chacrillas, aguas abajo del río Rocín.

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Finalmente, la última campaña de 20 sondajes realizada en los años 2015 – 2017, resultó con la Dirección General de Aguas (DGA) ordenando el cierre de las faenas, por usurpación de aguas, desvío del cauce del río y realizar sondajes en el lecho del río.

El 17 de abril de 2017 la Superintendencia de Medio Ambiente notificó, mediante Resolución exenta N°1/ROL D-012-2017, que la Minera Vizcachitas incurrió en “una falta gravísima” al realizar los trabajos de exploración, pedimentos y prospecciones sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

Sin embargo, el proceso sancionatorio que llevara adelante la Superintendencia del Medio Ambiente el año 2017, derivó en un Programa de Cumplimiento, que ha permitido a Vizcachitas Holding evitar una millonaria multa.

En febrero de 2018 el Consejo Municipal de Putaendo impulsó una expedición nunca antes hecha, a la cuenca superior del Estero Chilón, con el objetivo de realizar una línea de base medioambiental del lugar, con una delegación de expertos. La presencia de al menos 5 glaciares de roca activos, con escorrentías visibles y con caudales estimados de 20 litros por segundo cada uno. Además de humedales altoandinos, vinculados directamente al ecosistema glaciar, sorprendieron a las autoridades. Al mismo tiempo alertaron que cualquier acción minera pondría en grave peligro el ecosistema cordillerano y el futuro hídrico de la zona. Al igual que el Río Rocín, principal afluente del valle, tiene su vertiente en la cordillera.

SEA Valparaíso:
La vergüenza de la institucionalidad Medioambiental

Mientras tanto, la empresa canadiense no estaba dormida, presentó su nueva versión del proyecto. En el proceso de evaluación ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental abre la posibilidad de otorgar la participación ciudadana de la comunidad. Debe ser solicitado por al menos 10 personas naturales o dos personas jurídicas vigentes.

Al respecto, la Municipalidad de Putaendo y los dirigentes sociales y ambientales, hicieron un llamado a la ciudadanía a solicitar masivamente la Participación Ciudadana a través de una carta que debe ser completada por cada persona de manera voluntaria e individual.

El 7 de junio de 2019, pese a reunirse y entregarse más de dos mil cartas, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, declaró admisible la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que presentó la compañía minera a manos del conglomerado canadiense Andes Copper.

Esto fue una medida que generó dudas y cuestionamientos hacia la institucionalidad Ambiental chilena, ya que el órgano que debe defender y definir la frontera entre lo que está y no permitido, había aprobado un proyecto que otros agentes del Estado ya habían señalado como negativo y contaminante.

Aún con las 2 mil cartas, con la negativa del SAG, la investigación de la DGA, la declaración de la Superintendencia y el contexto de sequía en la región, el SEA de Valparaíso y su directora Esther Parodi (RN) aprobó la prospección del yacimiento minero de cobre y molibdeno, a realizar durante los años 2019 y 2023, donde se tienen previstas la ejecución de 350 sondajes de tipo diamantina y aire reverso, con un largo promedio de 750 metros.  Es decir, que promociona al Comité Ambiental un Proyecto para que este órgano lo discutiera.


Finalmente, el 3 de abril se aprueban 350 sondajes en la ribera de un río, en plena sequía. La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, compuesta por los SEREMIS y el Intendente de la Región de Valparaíso, ignoró totalmente las miles de observaciones, incluyendo algunas de organismos estatales como el Servicio Agrícola Ganadero, la Dirección General de Agua y la Municipalidad de Putaendo, que exigían un Estudio de Impacto Ambiental.

Ahora el proyecto tendrá lugar y afectarán las aguas del Río Rocín, es necesario que la Dirección General de Aguas se posicione y haga valer su rol fiscalizador.


Putaendo resiste

Diego Ibáñez es Diputado de la localidad y sostuvo que “es una pésima señal que las autoridades hoy tomen decisiones a puertas cerradas en plena crisis sanitaria, sin participación ciudadana. Se hace oídos sordos a la ciudadanía, al municipio, a las autoridades locales que salieron a reclamar para proteger al río Rocín, el glaciar, las lagunas y también defender la dignidad de la identidad local”, señala.

Por su parte, la consejera regional Nataly Campusano, manifestó que “es completamente lamentable que hoy día las decisiones se tomen sin el diálogo con la comunidad. La comunidad ha sido enfática con su posición, creo que también tenemos que pensar desde una economía que proteja el medio ambiente y el hábitat de las personas y claramente este proyecto va en contradicción a lo que están solicitando las comunidades”.

En tanto, el dirigente social de Putaendo, Darío Cuevas, explicó las razones para oponerse al proyecto de la minera canadiense. “Los sondajes anteriores ya contaminaron el río y así lo demostró el estudio de Hidrolab, además los trabajos realizados produjeron desmoronamiento de laderas de montaña y daño a la flora y la fauna, lo que fue evidente con el aluvión de hace algunos años, a eso sumemos el campamento emplazado de forma ilegal y la falsa promesa de desarrollo, porque ellos mismos reconocen que en tiempo peak estarán trabajando con 60 personas”, dijo.

A pesar de que la comunidad de Putaendo envió más de 2 mil cartas a la Intendencia para exigir su participación en la toma de decisiones, la Comisión sesionó sin considerar su opinión, añadió el diputado Diego Ibáñez. “Esto refleja que la crisis no es sólo producto de la pandemia, sino que hay una crisis de representación política dentro de las instituciones que termina arrastrando a la sociedad dentro hacia un malestar. Hoy la crisis también es el intendente y sus seremis regionales”, declaró el parlmentario.

Los Andes Copper tiene a la derecha defendiéndo su proyecto en el Congreso

En el marco de la pandemia, y con el objetivo de proteger la participación ciudadana en la evaluación de proyectos vinculados al uso y posible destrucción de recursos naturales, es que desde algunos parlamentarios de oposición se presentaron un proyecto que suspende los plazos establecidos en la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente en lo que refiere a procesos de participación ciudadana y Consulta Indígena por el periodo de la emergencia.

Esto dado que bajo las condiciones de teletrabajo la capacidad para efectuar los procedimientos no es la misma, a lo que se suma que ante una emergencia como esta, las comunidades podrían no tener la misma organización o formas de trabajo para fundamentar y establecer su participación en un proceso de evaluación.

Al respecto, Ezio Costa, presidente Ejecutivo de ONG FIMA, dijo que “es obvio que las cuestiones relacionadas con la participación ciudadana no pueden funcionar adecuadamente y, en ese sentido, la suspensión de plazos es una buena idea”.

“De acuerdo a lo que han informado los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental hay una serie de procesos dentro de la evaluación que no se están pudiendo llevar a cabo de manera adecuada y, por lo tanto, nos parece que si ellos, que son las personas que más conocen como funciona el sistema, creen que deberían suspenderse los plazos probablemente hay ahí una verdad ineludible en cuanto a como funciona o no el sistema”, añadió.

Putaendo protesta

En tanto, el diputado Félix González, (Partido Ecologista) autor del proyecto, dijo que este busca “darle garantías a las comunidades de que van a poder hacer una participación ciudadana o presentar reclamaciones, o hacer seguimiento a los proyectos de ley o solicitar participación en el proceso de las declaraciones de impacto ambiental”.

Además, comentó que también con esto se busca proteger a los funcionarios, quienes han expresado que no tienen todos los medios para hacer este trabajo como corresponde en un escenario normal, y sumado a que en estos procesos se consideran también otras instituciones, hoy “no es posible hacer una buena evaluación ambiental y garantizar los derechos de las comunidades si el sistema no suspende los plazos en su totalidad”.

El proyecto fue revisado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el oficialismo votó en contra. Por 7 votos de diferencia (teniendo 19 abstenciones) se rechazó el proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas.

El senador por la Región de Valparaíso Juan Igancio Latorre (RD) aseguró que ‘espero que el Gobierno no aproveche esta crisis y la pandemia de Coronavirus para aprobar un proyecto que tiene un fuerte rechazo por parte de la comunidad, que tiene fuertes reparos con relación al agua en el territorio y los problemas agrícolas en el territorio, la resistencia que tiene la propia ciudadanía, los crianceros; me parece que sería una aberración ambiental y un aprovechamiento irresponsable por parte del ejecutivo, intentar aprobar este proyecto minero en Putaendo que amenaza a los glaciares’.


Editorial
¿Cuánto cuesta la aprobación de un proyecto? No hay dignidad en la institucionalidad de defensa del medio ambiente en Chile. El SEA, que ya había rechazado el proyecto, permite, que en plena sequía y crisis sanitaria, una minera de capitales extranjeros perfore más de 300 veces en la ribera y quebradas del Río Rocin; sin importar que la misma empresa Los Andes Minnig el 2017 fue acusada y multada por hacer 170 perforaciones ilegales en este mismo lugar.
El acoso de la empresa de norteamericana es constante. Este proyecto siempre estará ahí latente a la espera de momentos oportunos como este, donde la crisis y pandemía ha desviado el foco de atención de la sociedad. No obstante, la institucionalidad debería considerar el prontuario criminal de las empresas que presentan iniciativas como estas. Es urgente que la Dirección General de Aguas se presente y haga valer su mandato. Si es que ese es defender el agua de Chile. Lamentablemente, cada vez parece más claro que la institucionalidad ambiental en Chile esta al servicio de los capitales.

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